El caso del camino: decomiso récord por corrupción
En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado el decomiso récord impuesto a la ex presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros ex funcionarios condenados. La cifra, que inicialmente se estimó en 85.000 millones de dólares, ha sido actualizada a la impresionante suma de 685.000 millones de dólares, reflejando así el daño patrimonial causado al Estado.
La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de queja presentados por las defensas, lo que significa que no hay más posibilidades de detener el avance sobre los bienes de los condenados. Esto permitirá la inmediata subasta de bienes y la recuperación de activos.
El camino hacia los 685 mil millones de dólares: ¿por qué aumentó la cifra?
El importe del decomiso no es arbitrario, sino que se basa en un exhaustivo estudio realizado por el Cuerpo de Peritos Contables del Tribunal. La actualización de la cifra se debe principalmente a dos factores clave: la depreciación monetaria, que ajusta por inflación los fondos desviados del tesoro público, y la tasación de activos, que determina el valor actual de mercado de los bienes afectados por el proceso.
El Tribunal Oral Federal 2 ya ha iniciado el proceso de valoración de 111 bienes, principalmente ubicados en la provincia de Santa Cruz. La orden de decomiso afecta a inmuebles, estancias, complejos turísticos y vehículos, y dado que la sentencia establece responsabilidad solidaria, todos los condenados deberán responder por el monto total hasta cubrir la cantidad establecida.
Los antecedentes de la sentencia: 51 licitaciones bajo escrutinio
La sentencia confirmada por el Tribunal Federal de Casación Penal el año pasado determinó que hubo una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La trama criminal se basó en la adjudicación sistemática de 51 obras viales al Grupo Austral.
Junto a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, la Justicia ratificó las sentencias para figuras clave como José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Peritti (ex titular de Vialidades Nacionales), todos con penas de hasta 6 años de prisión.
El rechazo a la “vía civil”
Uno de los últimos intentos de la defensa fue argumentar que el decomiso debería tramitarse en la jurisdicción civil y no penal. Sin embargo, los jueces de Casación han señalado que el decomiso es una consecuencia accesoria de la condena penal, cuyo objetivo es privar a los condenados del producto del delito.
Este fallo marca un precedente en la recuperación de activos derivados de la corrupción en Argentina, reforzando la figura de la confiscación como herramienta de reparación. La devolución de $685.000 millones al Estado no solo representa un acto de justicia simbólica, sino también un ingreso concreto para las arcas públicas.
Este caso demuestra que la justicia está actuando de manera contundente ante la corrupción, y que la recuperación de activos ilícitos es un paso fundamental para fortalecer el Estado de derecho en nuestro país. Seguiremos informando sobre este caso en desarrollo.
