En un movimiento inesperado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado cambios significativos en la autorización de depósitos fiscales para facilitar los trámites a los exportadores. La Resolución General 5845/2026, publicada en el Boletín Oficial, ha eliminado la obligación de presentar la autorización municipal a la Aduana, sustituyéndola por una declaración jurada del solicitante.
Esta modificación, que ya está en vigor desde el 13 de mayo, forma parte del régimen de carga de exportación de plantas, que permite a los exportadores realizar cargas directamente en sus establecimientos bajo control aduanero. El objetivo principal de este cambio es reducir los costos operativos y evitar la duplicación regulatoria, generando un impacto positivo en la competitividad de los operadores de comercio exterior.
Los cambios introducidos por ARCA afectan dos normas existentes: la Resolución General N° 4.352, que regula el procedimiento para la autorización de depósitos fiscales en la zona aduanera primaria, y la Resolución General N° 5.721, que establece los requisitos del régimen de carga de exportación de plantas. Estas modificaciones buscan simplificar los trámites y promover una mayor inserción en el comercio mundial.
La eliminación del requisito de presentar la autorización municipal ha sido recibida con entusiasmo por parte de los exportadores, ya que agiliza el proceso al eliminar a los municipios como intermediarios. La nueva normativa establece que el solicitante debe declarar que el lugar a habilitar es ideal para el almacenamiento de mercancías y cumple con las normativas municipales, provinciales y nacionales aplicables.
Por otro lado, en lo que respecta al régimen de carga de exportación de plantas, el procedimiento para adherirse ha sido simplificado. Ahora, basta con presentar una declaración jurada en la que se manifieste que la planta es adecuada para el tipo de mercancías a exportar, en lugar de obtener una autorización municipal.
En resumen, los cambios implementados por ARCA buscan agilizar los trámites para los exportadores, eliminando barreras y restricciones que afectan su competitividad. Con esta nueva normativa, se espera que las empresas puedan operar de manera más eficiente y ampliar su presencia en el mercado internacional.
