La justicia en Argentina: un laberinto de cinco años
En Argentina, una persona que sufre un accidente de tránsito puede tardar más de cinco años en obtener un fallo judicial. Cinco años. No es una anomalía. Es el funcionamiento normal del sistema. Y esto ocurre en el segmento más relevante del mercado asegurador: seguro automoción, que representan aproximadamente la mitad de toda la actividad del sector.
Una situación alarmante
Es decir: no estamos hablando de un problema marginal. Estamos hablando del corazón del sistema. Cuando los datos se analizan objetivamente, la conclusión es incómoda pero inevitable… Sólo el 1,5% de las reclamaciones terminan en juicio. Sin embargo, ese pequeño porcentaje explica una parte desproporcionada del coste total del sistema. Y lo más grave: apenas el 40% de ese coste llega a la víctima. El resto se pierde en el proceso.
Este no es un problema de seguro. Es un problema del sistema judicial. Un sistema que tarda más de cinco años en resolver un accidente de tráfico no es simplemente lento. Es ineficiente. Es caro. Y, sobre todo, es injusto. Porque la demora no beneficia a nadie. Ni siquiera la víctima. Ni siquiera los asegurados. No a la sociedad. Solo genera una transferencia silenciosa de recursos hacia los costos del proceso.
Una solución urgente
Mientras tanto, el efecto es directo: primas más altas, menor acceso a seguros y una creciente percepción de injusticia. Hay que decirlo sin eufemismos: el sistema está diseñado de tal manera que acaba perjudicando a quienes debería beneficiar.
Argentina necesita una reforma profunda de sus códigos procesales, particularmente en materia de accidentes de tránsito. El objetivo debe ser tan sencillo como contundente: resolver estos conflictos en un máximo de 12 meses desde el suceso. No es una utopía. No es un eslogan. Es una decisión.
Implica avanzar hacia procesos más ágiles, con la incorporación de la oralidad, la producción de conocimientos en plazos razonables y perentoria, reduciendo plazos e incorporando medios tecnológicos garantizando siempre el debido proceso y el derecho a la defensa, pero también priorizando el acceso a una decisión judicial que ponga fin al litigio en plazos razonables como un verdadero derecho de los particulares. Esto, a su vez, resultará en una reducción drástica de costes y accesorios que distorsionan el sistema hoy en día.
Una luz en el camino
En Argentina ya hay jurisdicciones que han comenzado a avanzar en este camino. Mendoza es un ejemplo concreto de que se puede hacer algo diferente. Los litigios se pueden reducir. Los plazos se pueden acortar. Se puede mejorar la eficiencia sin renunciar a garantías.
La discusión ya no es técnica. Es política. ¿Vamos a seguir aceptando que una persona espere más de cinco años para cobrar una indemnización que le repare los daños sufridos en un accidente de tráfico? ¿Vamos a seguir apoyando un sistema que encarece los seguros a millones de argentinos? O vamos a tomar la decisión de cambiarlo?
La justicia que tarda cinco años en resolver un reclamo no es justicia. Es un costo extra. Es incertidumbre. Y es una oportunidad perdida para construir un sistema más justo, más eficiente y más accesible. La solución está a nuestro alcance. Lo que falta no es un diagnóstico. Es decisión.
