La desaparición de personas es una crisis humanitaria. El propio gobierno del presidente lo reconoció Andrés Manuel López Obrador antes de Naciones Unidas y no es para menos. Estamos hablando de casi 300.000 personas desaparecidas y eso excede las capacidades del Estado tanto para evitar que sigan ocurriendo como para resolver los casos pendientes.
La primera afirmación no es ociosa: al menos 110.000 desapariciones corresponden al actual periodo de López Obrador, de las cuales unas 43.000 permanecen sin localizar. Y de repente, un problema de esta magnitud que victimiza quizás a millones de personas, se convirtió en un problema político.
El momento de la politización se produjo el 2 de agosto. El presidente López Obrador dijo ese día que sus opositores utilizan la figura para criticar a su gobierno, un asunto de primordial importancia para el presidente.
En esa fecha ya se sabía que el Comisión Nacional de Búsqueda Estaba preparando un nuevo censo cuyo objetivo era depurar las listas y que ha mantenido al gobierno en tensión con los grupos de víctimas y defensores de derechos humanos porque podría incurrir en un ocultamiento de casos.
El presidente López Obrador tiende a simplificar los mensajes y en ocasiones, incluso teniendo efectos favorables en su política comunicativa, parece insensible al dolor de las víctimas, es decir, de aquellas que tienen un familiar desaparecido. Sin embargo, los dichos presidenciales parecen tener calado en la búsqueda “casa por casa” que se realizó en el marco del censo.
En efecto, parte de las 67.000 personas que han sido localizadas entre los desaparecidos durante el sexenio son producto de esta reorganización del censo, que, por otra parte, ha cometido errores garrafales. Uno de esos errores fue la notificación realizada a los familiares de los desaparecidos a quienes ya se les habían entregado los restos, sobre una ubicación en base a los registros de la vacuna Covid. Es que para el nuevo censo se contrastaron las bases de datos y se arrojó ese resultado, lo cual, sin embargo, se informó a las familias fuera de protocolo.
Este revés ocurrido en julio, unido a la politización de principios de agosto, ha puesto en entredicho la tarea del CNB, que hasta anteayer se encargaba de carla quinterouna exfuncionaria que goza de buena estima en la sociedad civil y que, sin embargo, ha dejado correr la versión de que su salida tiene que ver con presiones para maquillar los datos.
Una vez más, los colectivos se preparan para el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, que se conmemorará este 30 de agosto, bajo un lema: no son un número, son personas desaparecidas. Y es que entre la disputa política y la preocupación gubernamental por las estadísticas, la narrativa sobre esta tragedia humanitaria se vuelve fría, ofensiva y lo peor, sin los resultados deseables.
uno de razas
el equipo de Claudia Sheinbaum y el jefe de Gobierno, Martí Batresestán más que molestos con Bardahl, el otrora gigante de los lubricantes en el país, a quien identifican como autor de una campaña mediática contra el Gran Premio de México de Fórmula 1.
lo mismo Carlos SlimLea Grupo Carso y otros de los principales patrocinadores, sepa que Sergio Díaz lleva años presionando a la autoridad sólo con el objetivo de boicotear el evento automovilístico.
La empresa posee el 8% del mercado de aceites y lubricantes en México, su planta está en el Estado de México y está relacionada con Grupo Atlacomulco.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR DE RADIO HERALDO
@ARTURO_RDGZ
MAÍZ
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