El gobierno de Javier Milei desata controversia con auditoría en la Oficina de Presupuesto del Congreso
En una movida sorpresiva, el gobierno de Javier Milei impulsó una auditoría en la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que ha generado un gran revuelo en el ámbito político. La semana pasada, en una reunión de la comisión que no fue retransmitida, una serie de resoluciones movilizaron Avances de la libertad con la ayuda de aliados, marcando un hito en la historia de la Milei.
La OPC, encargada de analizar la ejecución del presupuesto nacional y producir informes técnicos que a veces difieren de los datos oficiales del Ministerio de Economía, se ha visto paralizada por esta medida, que no tiene un plazo definido. El conflicto escaló tras una serie de resoluciones aprobadas por la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP), que supervisa la OPC y que no estaba operativa desde 2022.
El senador Agustín Monteverde y el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, cercano al presidente Milei, fueron clave en la aprobación de estas resoluciones, que incluyen la devolución del Plan de Trabajo Anual 2026 de la OPC para su reformulación y la necesidad de aval previo de la comisión para cualquier análisis técnico extraordinario.
Las resoluciones han generado polémica, con el oficialismo argumentando que se tomaron debido a supuestos «errores» en el informe de 2026. Sin embargo, voces opositoras denuncian que se trata de un intento de limitar las acciones de la OPC y destruir su plan de trabajo.
La OPC, creada en 2016 como órgano descentralizado del Congreso Nacional, desempeña un papel fundamental en el análisis del proyecto de Ley de Presupuesto y en la estimación del impacto fiscal de proyectos de ley. Sus informes mensuales de ejecución presupuestaria son ampliamente consultados en el ámbito económico y político.
La Comisión de Supervisión Parlamentaria es el único organismo con poder formal sobre la OPC, y las resoluciones aprobadas el 2 de junio han tenido efectos encadenados, incluyendo una auditoría de la OPC por auditores de ambas cámaras legislativas y la exigencia de presentar nuevamente el plan de trabajo anual y otros documentos formales.
Esta situación ha generado incertidumbre en el funcionamiento de la OPC, con la ausencia del informe de ejecución presupuestaria de mayo y la necesidad de cumplir con los requisitos impuestos por la comisión para reanudar sus actividades normales. La reacción de la oposición ha sido crítica, denunciando un intento de limitar la transparencia y el control sobre la organización.
En definitiva, la auditoría en la OPC ha desatado una serie de acontecimientos que han puesto en tela de juicio la independencia y el funcionamiento de este organismo clave en el ámbito fiscal y presupuestario del país. La incertidumbre y la controversia continúan en medio de un escenario político cada vez más convulso.
