El Gobierno acelera los trámites de contratación estatal con nueva medida
Este viernes, el Gobierno sorprendió al publicar el Decreto 427/2026, que trae consigo importantes modificaciones en las escalas de competencia para autorizar y otorgar compras, licitaciones y facturas dentro de la Administración Pública Nacional. ¿Qué significa esto en términos concretos? Simplemente, un cambio en ¿Quién debe firmar cada decisión de gasto? según su cuantía, otorgando más competencias a niveles intermedios de la jerarquía estatal.
Para entender el alcance de esta medida, es necesario tener en cuenta que el sistema de contratación del Estado no funciona en pesos fijos, sino en una unidad de cuenta denominada “módulo” (M), cuyo valor se actualiza periódicamente. Todos los umbrales que determinan qué funcionario debe autorizar una compra están expresados en módulos, lo que evita que las escalas queden desactualizadas por la inflación.
Desatascando la burocracia
Hasta ahora, la normativa vigente exigía que los contratos de entre 15.000 y 50.000 módulos (o contratos abreviados de entre 7.500 y 30.000 módulos) fueran aprobados y adjudicados por funcionarios del nivel de Secretaría Ministerial, lo que generaba importantes cuellos de botella. Secretarías y ministerios acumulaban expedientes que requerían la firma de funcionarios con agendas saturadas, lo que resultaba en retrasos que impactaban en la ejecución del gasto público.
Con la nueva medida, se busca agilizar los trámites al redistribuir las competencias de firma. Los subsecretarios pueden autorizar hasta 50.000 módulos en licitaciones, mientras que los secretarios asumen operaciones que superan ese umbral. De esta forma, se acorta la cadena de firmas en los tramos medios, agilizando los procesos que son más frecuentes en el funcionamiento diario del Estado.
Beneficios para las empresas contratistas
Para los proveedores, contratistas y empresarios que participan en licitaciones o concursos públicos, esta medida puede significar tiempos de resolución más cortos. Al no requerir la escalada a un despacho ministerial, el circuito administrativo se vuelve más ágil, aunque la velocidad efectiva dependerá de cómo cada organización implemente internamente el nuevo reparto de competencias.
Fecha de entrada en vigor
La norma entrará en vigor cinco días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial, aproximadamente a partir del viernes 13 de junio de 2026. Es importante destacar que se aplicará a todos los procedimientos de selección, incluso a aquellos que ya estaban autorizados antes de esa fecha.
En resumen, la nueva medida del Gobierno busca simplificar y agilizar los trámites de contratación estatal, beneficiando tanto a la administración pública como a las empresas que contratan con el Estado.
