Fueron formulados por Aníbal Fernández, Republicanos Unidos y Marcela Campagnoli, entre otros. El líder piquetero se atribuyó la responsabilidad de organizar los ataques a los supermercados.
Al menos cuatro denuncias penales fueron presentados esta semana en los tribunales federales de Comodoro Py contra el dirigente social y dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desempleados (MIJD), Raúl Castells, luego de que se le atribuyera públicamente haber incentivado los saqueos a supermercados y comercios ocurridos en distintos puntos del país.
La primera denuncia cayó por sorteo ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quien ayer delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mangano: a eso se acumuló otro presentado por el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, según fuentes judiciales, mientras que ayer se resolvieron otras dos denuncias.
Una de las denuncias fue realizada por el diputado nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y cayó por sorteo en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello; mientras que el otro lo realizó la abogada Elizabeth Márquez y le correspondió al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Fuentes judiciales adelantaron que se espera que en las próximas horas se completen todas las denuncias se acumula al que ya se encuentra tramitado en manos del fiscal Mangano, quien ayer ordenó las primeras medidas de prueba.
Así es la denuncia en la que el espacio político Republicanos Unidos acusa a Castells de haber incumplido Artículo 209 del Código Penalque contempla 2 años de prisión para quien “incite públicamente a cometer un delito específico contra una persona o institución”.
La investigación judicial que se abrió en Comodoro Py centró el objeto del caso en establecer la existencia de la supuesta organización declamada por Castells en los medios públicos.
Con ese objetivo, el fiscal Magnano requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la fuerza federal que ésta designe y a través de sus pares provinciales, realizar un relevamiento de los episodios -robos y tentativas de robo- ocurridos en distintos puntos del país durante la día del martes.
La encuesta debe incluir la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial involucrados en la prevención e investigación y las personas y/o grupo de personas sospechosas de realizarlas, informaron fuentes judiciales.
El fiscal también requirió que Una encuesta sobre redes sociales y fuentes abiertas de Internet. con el fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas con la instigación de los hechos mencionados en diferentes localidades del país, según conoció esta agencia.
También requirió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la realización de un informe sobre al funcionamiento del Renacom, el registro de espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria en todo el país.
La presentación judicial que dio origen al expediente lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza.
Las declaraciones televisivas de Castells también le valieron reproches de dirigentes políticos y que se abrieron causas en otras jurisdicciones, como Mendoza.
«El hecho criminal es que el kilo de milanesas está a 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en Chaco, en Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo a comer. Somos nosotros los que estamos convocando a eso, estamos diciéndoles que, sin robar dinero ni romper nada, toma lo que puedas aunque sea para cambiar por comida«Dijo Castells la noche del pasado martes en una entrevista al canal de televisión Crónica TV.
Cuando se le preguntó si su grupo estaba promoviendo el saqueo, Castells respondió: «si hombre. El gobierno lleva tres meses quitando alimentos de todos los comedores comunitarios del país”. También aseguró que “advirtieron” a los funcionarios nacionales sobre esta situación y les advirtieron “que no tiren de la cuerda”.
Por estas declaraciones, el Ministerio Público de Mendoza anunció que abrió una causa de oficio con el fin de investigar «la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en un pueblo y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población mediante el mismo».
«Los mismos, al igual que los iniciados en el Gran Mendoza, están a cargo del fiscal Fernando Giunta», indicaron desde la cartera a través de un comunicado.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi