LA HAYA.-La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, IPC; dictaminó que el fiscal ante esa instancia, Karim Khan, debe continuar con la investigación contra Venezuela acerca de Crímenes contra la humanidadluego de que rechazó por unanimidad los seis recursos presentados por la representación del Estado para interrumpir el proceso.
En medio de una gran expectación, el presidente de la Sala de Apelaciones, el juez Marc Perrin de Brichambaut, leyó el fallo que anuló, uno a uno, los alegatos presentados por el equipo de representación de Venezuela encabezado por el abogado inglés Larry Devoe, que apeló en agosto de 2023. la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al Fiscal Khan a iniciar el proceso.
La sentencia fue anunciada en una audiencia pública, en la Sala II de la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, en presencia de la Fiscalía, los representantes de Venezuela y la Defensoría Pública de Víctimas (OPCV) encabezada por la abogada Paulina. Masada.
Una de las observaciones más significativas de la Sala de Apelaciones es que el fiscal Karim Khan no está obligado a notificar al Estado venezolano todos los hechos que investiga, especialmente aquellos que involucran numerosos hechos delictivos, en los términos de su competencia; y también que las investigaciones nacionales alegadas por la representación de Venezuela no han sido suficientes ni efectivas contra los responsables.
Efectos del fallo de la CPI
Este fallo confirma que el Estado venezolano no ha demostrado su capacidad o voluntad para realizar investigaciones «genuinas y creíbles» sobre hechos considerados crímenes de lesa humanidad en los que presuntamente han incurrido funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, conforme a los términos de la decisión.
Entre estos hechos se encuentran la persecución, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a personas por motivos políticos, denunciados ante la CPI.
Si bien no se prevé un plazo para que el fiscal Khan reinicie la investigación, a partir de la sentencia dictada este 1 de marzo, especialistas en derechos humanos consultados por la Fiscalía DIARIO LAS AMÉRICAS Señalan que se espera que en los próximos meses se soliciten las comparecencias individuales de los señalados en las denuncias «o la detención de algunos de ellos» si así fuera, aunque consideraron que esto es poco probable porque «tienen actuó conforme a la ley.»
Reacciones: Se hará justicia
El fallo de la CPI provocó reacciones sobre su importancia para la justicia a favor de las víctimas de la persecución y represión violenta por parte del régimen de Maduro.
«Se hará justicia», afirmó el líder opositor Antonio Ledezma, exiliado del país por ser víctima de persecución política.
«La investigación continúa en la Corte Penal Internacional. Los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirman por unanimidad el fallo del 27 de junio de 2023 que autorizó al Fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación. La investigación por crímenes de lesa humanidad continúa «, dijo en sus redes. «¡Arriba la lucha por la libertad y la justicia!»
Por su parte, las ONG Provea y Acceso a la Justicia, de Venezuela, expresaron a través de sus redes la necesidad de determinar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. «Venezuela necesita verdad y justicia».
Denuncian el caso de Rocío San Miguel y Javier Tarazona
Este 29 de febrero, representantes de organizaciones civiles acudieron a la CPI y denunciaron los casos de los activistas de derechos humanos, Rocío San Miguel y Javier Tarazona, en el marco del 189 período de sesiones de la Corte.
Directivos de Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y Funda Redes participaron en la Audiencia Pública sobre la situación de defensores de derechos humanos, y denunciaron la “ola de persecución contra miembros de organizaciones civiles tras la activación del plan “furia bolivariana” de Maudor .
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares. Dijo que la presidenta de la ONG Control Ciudadano se encuentra en el SEBIN, en El Helicoide, “el centro de tortura más grande de América Latina”, donde sus abogados y familiares aún no han podido visitarla.
Por su parte, Osvaldo Cáceres, representante de Funda Redes, denunció que Tarazona «ha sido sometida a torturas físicas y psicológicas, que van desde el suministro de sustancias estupefacientes, hasta la obtención de un testimonio viciado, asfixia mecánica, golpes e incluso, a pesar de ser una persona con problemas circulatorios, sus extremidades inferiores han sido maltratadas con alfileres.
Ambos detenidos han denunciado, como especialistas, irregularidades en el sector militar y en la frontera.
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FUENTE: Con información de la sesión de la CPI, redes Antonio Ledezma, Provea