El Gobierno presenta un nuevo proyecto que promete sacudir el sistema de pensiones de invalidez en Argentina. Bajo el título de «Ley Contra el Fraude en Pensiones de Invalidez», esta propuesta busca modificar aspectos clave de la Ley de Emergencia por Discapacidad, aprobada el año pasado por la oposición en el Congreso.
Uno de los puntos más controvertidos de este proyecto es la eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para acceder a una pensión de invalidez. En su lugar, se propone que la pensión solo pueda ser otorgada a aquellas personas sin recursos propios suficientes, no cubiertas por un plan de pensiones y mayores de 70 años o incapacitadas para trabajar. Este cambio supone un retorno al modelo anterior, basado en la incapacidad laboral, y elimina la protección social que ofrecía el CUD.
Además, el proyecto introduce un nuevo régimen de control que incluye auditorías en dos etapas. En la primera etapa, se verificarán los requisitos documentales y socioeconómicos mediante el cruce de bases de datos, y se podrá ordenar la suspensión preventiva del beneficio en caso de incumplimiento. La segunda etapa consiste en una auditoría médica que se realizará solo si se superan los controles documentales.
Otro punto destacado del proyecto es la reinscripción general de todos los titulares de pensiones de invalidez, con la posibilidad de que la pensión sea automáticamente suspendida si no se actualizan los datos en el plazo establecido. Asimismo, se establece un esquema federal para las tasas de beneficios, en el cual cada obra social determinará sus propios valores.
En cuanto al impacto fiscal, el Gobierno estima que la aprobación de este proyecto podría generar ahorros estructurales significativos, especialmente en el Programa Incluir Salud y las compensaciones a los proveedores. Se estima que los ahorros podrían rondar los $1,500 millones para el año 2026, sin contar el efecto de la reinscripción en el registro existente de beneficiarios.
En resumen, el proyecto de «Ley Contra el Fraude en Pensiones de Invalidez» promete cambiar radicalmente el sistema de pensiones en Argentina, eliminando el CUD como requisito y estableciendo un nuevo régimen de control y tasas de beneficios. El impacto fiscal de esta propuesta podría significar importantes ahorros para el Estado, aunque también plantea desafíos y controversias en torno a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
