Era una vieja reivindicación de los sindicatos que, tras superar muchas dificultades, entró en vigor a principios de este año, y por lo que ahora vemos, con resultados. Se pretende que todos los becarios, tanto los que cobran por prácticas como los que no, estén afiliados a la Seguridad Social. Después del conteo al 20 de marzo, parece que el número de becarios contribuyentes ya se acerca al medio millón. En concreto, hay 462.124 jóvenes universitarios y de formación profesional afiliados, de los que 95.000 realizan prácticas remuneradas y 366.798 las realizan sin remuneración.
Desde 2011 es obligatorio que las prácticas remuneradas coticen a la Seguridad Social, lo que ha provocado que desde entonces se hayan afiliado entre 60.000 y 90.000 estudiantes, en su mayoría universitarios. En concreto, en febrero fueron 95.326. La diferencia es que desde el 1 de enero de este año los estudiantes en prácticas no remuneradas también tienen que cotizar; y los datos de marzo muestran que son 366.798. De esta manera, sumando quienes cobran por pasantías y quienes no, el número de becarios cotizantes llega a los 462.000 antes mencionados.
Estos datos son todavía provisionales, porque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aún no ha publicado la información oficial, pero desde CC.OO. Cabe señalar que son los que gestiona el Consejo General de la Seguridad Social, y que la cifra final puede ser superior porque es necesario comunicar las altas de algunas comunidades autónomas.
De CC.OO. Resaltan la importancia de este aumento de la afiliación de estudiantes en prácticas porque “nos permite reconocer a los estudiantes, que en muchos casos retrasan su incorporación laboral para formarse, no sólo con un título, sino con periodos de cotización que les permitirán acceder a un mejor y protección más temprana del Seguro Social”, según Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas del gremio.
Entre estos estudiantes aportantes, el grupo de edad mayoritario es el de 18 a 29 años, siendo la mayoría presentes mujeres, el 62% de los matriculados.
La cotización de las prácticas formativas no remuneradas es una de las medidas de la reforma de las pensiones llevada a cabo en el periodo 2021-2023, y cuya aplicación se había visto muy retrasada por la oposición de las universidades. Para facilitar las cosas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social acordó cubrir el 95% del aporte, y además extender su entrada en vigor desde octubre del año pasado, que es cuando estaba previsto, hasta enero de este año.
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