Instituciones líderes que evalúan el estado de la democracia en todo el mundo, incluidas Freedom House, The Economist Intelligence Unit (EIU), Varieties of Democracy (V-Dem), Bertelsmann Stiftung (BS) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) , coinciden en señalar que, durante las últimas dos décadas en Venezuela, se ha producido, de manera progresiva, un grave deterioro del sistema democrático que rige en el país desde 1958.
Para el 2022, los índices de estas reconocidas organizaciones categorizan al sistema político venezolano como «no democrático», clasificándolo ya sea como un «Régimen Autoritario» (EIU e IDEA), una «Autocracia» (BTI), una «Autocracia Electoral» ( V-dem), o un país «no libre» (Freedom House). Un tema recurrente en los estudios sobre la autocratización de Venezuela ha sido el análisis de los mecanismos que ha utilizado el chavismo para mantenerse en el poder durante más de dos décadas. .
Los desafíos del autoritarismo
Por mucho que los autócratas busquen monopolizar el poder, no pueden gobernar solos. El ejercicio dictatorial del Gobierno requiere del apoyo de un conjunto de actores civiles y militares que ocupan posiciones clave en los centros neurálgicos del poder del régimen. Estos actores disfrutan de privilegios, ingresos y posiciones de poder y son considerados la «élite de la coalición gobernante». Como muestran los estudios, para un autócrata interesado en permanecer en el poder indefinidamente, posiblemente no haya tarea más importante que la gestión y el control de estas élites gobernantes.
En el libro “Politics of Authoritarian Rule”, Milan W. Svolik, profesor de política comparada en la Universidad de Yale, encuentra que los dos conflictos fundamentales que definen la política autoritaria son (1) el control de la sociedad a la que impone el régimen autocrático (control autoritario) y (2) el control de las élites que forman parte de la coalición gobernante (poder compartido autoritario).
Control mediante purgas
Los autócratas buscan mantener un delicado equilibrio con las élites de la coalición gobernante, ya que son necesarios para mantener el control autoritario sobre la sociedad, administrar el complejo tejido del estado y protegerse contra las amenazas del exterior. Al mismo tiempo, sin embargo, estas élites pueden acumular demasiado poder y convertirse en competidores potencialmente peligrosos para el gobernante. Por eso, Svolik advierte en su estudio que “las amenazas más frecuentes a los autócratas provienen del círculo interno. Un gran número de líderes autoritarios terminan su mandato como resultado de una destitución forzosa en lugar de una salida pacífica”.
Para ejercer su control autoritario sobre la sociedad y mantener a raya a las élites de la coalición gobernante, los autócratas suelen recurrir a las «purgas». A través de ellos, detenciones masivas y despidos de personas consideradas «inadecuadas» o «peligrosas» para la supervivencia del régimen; y también son eliminados o marginados, políticos desleales, disidentes, incapaces o posibles competidores ubicados dentro de las propias filas políticas del gobernante.
Las purgas masivas en los centros de poder en Venezuela
Desde muy temprano, Hugo Chávez utilizó las purgas como instrumento para confrontar a sus opositores políticos y hacerse con el control de importantes centros de poder en Venezuela. Una de las primeras purgas se llevó a cabo en el poder judicial. Como señala la ONG Acceso a la Justicia, en 1999 «la primera constituyente chavista decretó la llamada ‘emergencia judicial’, durante la cual fueron destituidos unos 491 jueces, bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito hasta baja productividad. Este proceso estuvo marcado por muchos expertos como el inicio de la cooptación de la Justicia por parte del chavismo”. En los años 2005 y 2009 se repitieron expulsiones masivas de jueces.
La siguiente purga se llevó a cabo en la Fuerza Armada Nacional (FAN). Tras ser restituido al poder tras los hechos de abril de 2002, Chávez expulsó a más de 100 generales y altos mandos de la FAN, lo que le facilitó politizar a la FAN y ponerla al servicio de su proyecto revolucionario.
La industria petrolera nacional fue la siguiente en la lista. En medio del paro cívico nacional de 2002 y 2003, más de 19.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron despedidos por órdenes directas de Chávez. Esta purga permitió a Chávez un manejo más opaco y expedito de los ingresos petroleros del país, convirtiendo a PDVSA en la «caja chica» de la revolución.
En diciembre de 2003, las fuerzas de oposición entregaron casi 3,5 millones de firmas al Consejo Nacional Electoral solicitando la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el presidente de la república. A pedido de Chávez, el CNE entregó al diputado oficialista Luis Tascón los datos de los firmantes. Esta información fue utilizada con el aval del “Alto Gobierno” para depurar a miles de funcionarios de la Administración Pública Nacional, tal como consta en el libro de Ana Jatar “Apartheid del Siglo XXI: Tecnologías de la Información al Servicio de la Discriminación Política en Venezuela” (2006).
Otro tipo de purga masiva instituida por Chávez contra sus opositores fue la «inhabilitación política». A través de este mecanismo inconstitucional, se impide arbitrariamente que un venezolano ocupe cargos públicos, sean o no elegidos por voto popular. Según datos de la ONG Acceso a la Justicia, “solo entre 2002 y 2015, la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos”.
Si bien estas purgas masivas le dieron a Chávez y su coalición gobernante un mayor control político del país, también debilitaron la capacidad del régimen para tomar decisiones informadas y gobernar efectivamente el país.
La purga de Chávez de sus aliados históricos
Además de purgar a sus opositores, Chávez también atacó a miembros de alto perfil de las élites gobernantes para este tipo de medidas. Entre los casos más notorios destaca el de los comandantes Jesús Urdaneta Hernández y Francisco Arias Cárdenas, quienes junto a Chávez lideraron el levantamiento de febrero de 1992.
Destacan también los casos de Luis Miquelena, exministro del Interior y mentor político de Chávez, así como el del general en jefe y exministro de Defensa Isaías Baduel, quien en abril de 2002 fue el responsable de que Chávez volviera al poder. Tras ser jubilado, Baduel fue acusado de corrupción y condenado a 8 años y 11 meses de prisión.
Las purgas maduristas de las élites históricas del chavismo
Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 tras ser designado por Chávez como su sucesor. Esta situación hizo que Maduro fuera percibido por los demás miembros de la coalición gobernante como un «primus inter pares» y no como el nuevo e indiscutible líder político de la revolución. Por ello, Maduro tuvo que enfrentar no solo la oposición de un creciente sector de la sociedad venezolana, sino también la resistencia de aquellos integrantes del oficialismo que, expresa o “in pectore”, no reconocían su autoridad. Esto se hizo muy evidente durante los primeros años del mandato de Maduro, cuando comenzaron a depurarse figuras que hasta entonces habían tenido un peso significativo dentro de la revolución chavista.
Algunas de estas purgas se limitaron a marginar de los centros de poder a figuras como Elías Jaua, exvicepresidente y exministro de varias carteras; Juan Barreto, exalcalde de Caracas; Jorge Giordani, ex Ministro de Planificación; y Héctor Navarro, ex Ministro de Educación. En otros casos, las purgas fueron acompañadas por el destierro bajo amenaza de prisión. Así ocurrió con la exfiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, y con Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA. En casos más extremos, la depuración estuvo acompañada de prisión y posterior exilio, como fue el caso del mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior.
Las purgas maduristas de los sectores opositores
Respecto a los sectores opositores, las purgas durante el régimen de Maduro han estado acompañadas de cárceles, exilios y ejecuciones extrajudiciales. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, hoy en Venezuela está documentada la existencia de 317 casos de presos políticos, de los cuales 147 son militares miembros de la Fuerza Armada Nacional. Por otra parte, un número importante de políticos de la oposición han tenido que exiliarse bajo amenaza de prisión. Entre ellos se encuentran varios líderes fundamentales de los principales partidos democráticos de oposición, entre ellos Julio Borges, de Primero Justicia; Henrique Salas Römer, de Proyecto Venezuela; Leopoldo López, de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, de Alianza Bravo Pueblo.
Ramón Cardozo escribe sobre Venezuela en .
Por último, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de oposición han denunciado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos, del que han sido víctimas el Concejal Fernando Albán y el Capitán Rafael Acosta Arévalo, entre otros. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado, entre 2014 y 2022, 334 víctimas mortales por un patrón de persecución política; 294 de ellos fueron asesinados en manifestaciones pacíficas y 40 fueron asesinados selectivamente.
La posible purga de El Aissami y su red
En contextos autoritarios, es común que las élites gobernantes, a través de los diversos cargos públicos que ocupan, recluten a personas de su confianza ya quienes desean recompensar por su apoyo, construyendo así redes que les responden directamente. Estas redes tienen el potencial de convertir a los miembros de la élite en peligrosos competidores del autócrata.
Estudios especializados han encontrado que las purgas de élite ocurren cuando este tipo de peligro es detectado por el autócrata que, en la mayoría de los casos, opta por encarcelar a sus potenciales adversarios internos por un tiempo. La prisión constituye una especie de opción moderada frente a las alternativas del destierro o la ejecución. En la lógica autoritaria, la opción del encarcelamiento también es ventajosa ya que reduce la fuerza de los lazos de las élites purgadas e inhibe su capacidad para coordinar algún tipo de venganza o represalia.
Analistas en Venezuela especulan que esa podría ser la razón detrás del último operativo anticorrupción ordenado por Maduro. Entre los signos destacan: la opacidad de la operación; la renuncia del ministro del Petróleo Tareck El Aissami, una de las figuras históricas más poderosas dentro del chavismo y quien ha sido acusado de estar vinculado al extremismo islámico; el hecho de que, en 2017, en medio de un clima de protestas e inestabilidad en el país, El Aissami fuera propuesto públicamente por estos grupos extremistas como el “nuevo líder para la supervivencia del régimen” (Infobae 08.08.2017); el elevado número de detenidos (más de 61) y el hecho de que muchos de ellos son hombres muy cercanos a El Aissami y con cargos relevantes en el Gobierno; las altísimas cantidades que se estiman han sido sustraídas, lo que sugiere una finalidad más allá del simple enriquecimiento ilícito; y el silencio e incertidumbre sobre la situación actual de El Aissami. Todo hace pensar que, más allá del tema de la corrupción, estaríamos ante una nueva e importante depuración dentro de las élites chavistas.(ms)
Read More: 22 años de purgas chavistas en Venezuela | Venezuela en |